Por: Marcela Azuela (@marcelaazuela)

¿A usted qué le parecería que su jefe le diera en vez de aguinaldo (contante y sonante) una corbata vieja? ¿Qué le parecería no tener con quien dejar a sus hijas e hijos mientras trabaja más de 12 o 14 horas? ¿Qué haría sin más dinero que un salario mínimo al mes, cuando mucho dos? Estas y otras realidades viven las trabajadoras del hogar en México.

En nuestro país 2.4 millones de personas trabajadoras laboran en una casa particular. Recogen las recámaras, planchan, lavan, cocinan, cuidan a las niñas, niños y personas adultas mayores, pasean a las mascotas, hacen las compras en el mercado, limpian los baños, recogen juguetes, le pintan el pelo a la patrona, le cosen botones a las camisas del patrón, preparan remedios para quien se enferme, riegan las plantas. Se levantan antes que cualquier integrante de la familia para tener listo el desayuno y descansan después de preparar la última quesadilla a las 10:00 de la noche (o después de esa hora si alguien llega más tarde).

De este casi dos y medio de personas, el 95 % son mujeres, la mayoría de ellas nació en condiciones de pobreza, no cuenta con estudios mas allá de la primaria, es parte de alguna comunidad indígena y tuvo que migrar para poder trabajar, con lo cual no tiene a su familia cerca y, como si se necesitara sumar más situaciones para colocarlas en desventaja, un 30 % son jefas de familia, madres de familia.

Es un sector de la población al que no se le reconocen derechos laborales, su trabajo es uno más de los que caen en la informalidad y las personas empleadoras hemos aprendido, de generación en generación, que es “normal” que ellas dejen a sus hijos para cuidar a otros. Que es “normal” que no cuenten con servicios de salud ni licencias de maternidad, que puedan quedarse sin días de descanso o sin vacaciones; que duerman en cuartos que no tienen condiciones adecuadas e higiénicas para ser habitados. Que es “normal” que trabajen horas extras sin cobrar, que no tengan ninguna prestación para poder tener una casa, que su salario sea muy bajo y las oportunidades que sus hijas e hijos tengan para tener un futuro diferente sean casi nulas.

Y esto parece “normal” no solo a quienes emplean a las trabajadoras, sino a las autoridades a las que corresponde reconocer y garantizar legalmente todos los derechos laborales a este sector. Ni más ni menos que a cualquier otro/a trabajador o trabajadora.

De acuerdo con el artículo primero constitucional queda prohibida toda discriminación que “atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social excluyen y limitan el ejercicio de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar: La Ley Federal del Trabajo en su capítulo XIII , lejos de establecer una jornada máxima de trabajo, indica que las trabajadoras del hogar podrán descansar 9 horas durante la noche y 3 durante el día, lo que significa que podrían trabajar hasta 12 horas cada día. Además deja fuera al derecho a las vacaciones, al salario justo y al aguinaldo. Y por su parte la Ley de Seguro Social no obliga a los patrones a inscribir a las trabajadoras al régimen obligatorio de seguridad social, excluyéndolas del acceso a guarderías, a licencias de maternidad, a la cobertura de atención a enfermedades crónicas preexistentes y a centros recreativos y vacacionales.

Este marco normativo tiene consecuencias muy relevantes en la vida de las trabajadoras del hogar, su vida laboral se extiende hasta una edad avanzada, poniendo en riesgo su integridad y salud; la falta de pensión para el retiro hace imposible que se puedan retirar después de años de actividad laboral: ¿de qué vivirán a los 70 años o más? Los salarios precarios que reciben no les permiten tener un seguro médico privado y los sistemas públicos de salud a los que pueden acceder, como el Seguro Popular, no cuentan con una cobertura total de servicios como ginecológicos, accidentes laborales, salud mental, enfermedades crónicas. La mayoría de las veces son despedidas cuando revelan a las familias empleadoras que están embarazadas y claro, por el tipo de trabajo físico que realizan corren riesgos para el embarazo.

Ellas cuidan de la infancia de este país y paradójicamente, no tienen acceso a guarderías. Las trabajadoras del hogar deben buscar otras soluciones para el cuidado de sus hijos, a quienes no pueden cuidar no sólo durante las 8 horas de trabajo, sino las otras 2 o 3 que tardan en los traslados. Esas niñas y niños se quedan sin la atención de una persona adulta casi 12 horas; se tienen que ir solos a la escuela, llegar solos a la casa, calentarse la comida y pasar la tarde como puedan. Muchas veces se salen a la calle exponiéndose a situaciones de riesgo y maltrato. ¿Quiénes serán esas niñas y niños cuando sean mayores? Si el Estado no se hace cargo, están condenados a permanecer o a reproducir la situación de pobreza y marginación.

Urgen soluciones, necesitamos voluntades…  

La necesidad de un marco normativo que garantice derechos es avalada por los estándares internacionales que reconocen condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. En 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, y la Recomendación 201, a fin de contar con una herramienta para combatir las condiciones de discriminación de las que han sido objeto. México ya firmó este Tratado Internacional que da cuenta de cómo puede avanzarse progresivamente hacia las reformas legales y culturales necesarias para garantizar derechos, pero su ratificación requiere voluntad política tanto del poder ejecutivo como del legislativo y hasta el día de hoy no se ha ratificado.

El 30 de marzo conmemoramos el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Nunca antes habíamos participado tantos actores en la búsqueda de la Ratificación del 189 y el reconocimiento de derechos: Organismos Internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Públicas, académicos, organizaciones de trabajadoras y grupos de empleadoras, estamos propiciando encuentros entre quienes toman decisiones para acelerar la ratificación del Convenio y también buscamos espacios para sensibilizar a toda la ciudadanía en que este es un tema en el que todas las personas tenemos responsabilidad. Confiamos en que este año tendrá lugar la ratificación. No podemos seguir permitiendo que el racismo y el clasismo tengan tanto poder en los hogares mexicanos. Ratificar el Convenio 189 y hacer las reformas legales tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley del Seguro Social es un compromiso hacia la igualdad.

Súmate a la petición de change.org, que impulsamos varias organizaciones de la sociedad civil y firma aquí.